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13 junio 2016.-
Los principales partidos políticos, a excepción del Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C’s), apoyan la gestión pública del agua, una de las propuestas presentadas por la Red de Agua Pública (RAP) de cara a las elecciones del próximo 26 de junio.
En una mesa redonda organizada bajo el título “Sí al agua pública. Los partidos políticos ante la gestión pública del agua”, la RAP reunió en Madrid a representantes de la política española para presentarles sus once peticiones sobre esta materia.
Garantizar el derecho al agua
La directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua (una de las entidades que componen la red), Julia Martínez, aseguró a Efe que las propuestas se centran en “garantizar el derecho humano al agua”, tal y como Naciones Unidas (ONU) estableció en el año 2010, mediante “un cambio legislativo que asegure que no habrá cortes en el suministro y que cada persona dispondrá de un mínimo vital básico, entre lo 80 y los 100 litros”.
Ha declarado que se deben poner en marcha mecanismos para que “su gestión no beneficie a los intereses privados”, sino que sea “participativa, de calidad, sostenible y respete la Directiva Marco del Agua”.
Martínez ha apuntado que los cortes de agua en España afectan en la actualidad a cerca de 9 millones de personas con dificultades para abonar el recibo porque, debido a la situación de crisis, “muchas familias siguen atrapadas en una precariedad y no disponen de ningún tipo de ingreso”.
Ha criticado el canon concesional, la cantidad de dinero que un ayuntamiento pide a una empresa por la administración del agua en un periodo de 35 ó 40 años porque, a su juicio, “no se asegura que su inversión recaiga en la mejora del abastecimiento, la distribución o la depuración” y, en muchos casos, se destina para “tapar agujeros”.
El valor de lo público
Según Martínez, en Europa hay una iniciativa ciudadana que ha recogido casi dos millones de firmas a favor de “una garantía legal del derecho humano a este elemento vital”, así como de su tratamiento público.
Ha puesto como ejemplo a Alemania, un país en el que el 97 por ciento de sus ciudades cuenta con una gestión pública y donde se ha comprobado que sus ventajas pasan por “el respeto a los derechos, al medio ambiente, a la transparencia y a la participación”, las cuales “influyen en una democracia activa y se impide la corrupción”.
