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La Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (ASAGUA) pide al próximo Gobierno que reactive la inversión, que regule las bajas temerarias que se ofrecen en las licitaciones y que aborde cambios en los pliegos para seleccionar la mejor oferta, que no tiene porqué ser siempre la más barata.
Años duros
La asociación sostiene que los últimos años están siendo de “extrema dureza” aunque confía en que lleguen tiempos mejores que, sin embargo, no alcanzarán a los pasados pero permitirán al sector afrontar el futuro con la certidumbre de saber lo que ofrece el mercado.
“La construcción en general, y el agua en particular, son el motor del que dispone el Gobierno para levantar la economía del país”, sostienen desde ASAGUA.
Al mismo tiempo, añaden que la licitación pública ha sufrido una fuerte caída que ha conducido a la pérdida de puestos de trabajo -muchos de ellos de alta especialización-, al deterioro del capital y a una deficiente conservación de las infraestructuras que ha provocado que España tenga abiertos tres procedimientos por parte de la Unión Europea.
Asimismo, ASAGUA denuncia las bajas en las licitaciones, en ocasiones superiores al 50 % del presupuesto base de licitación, y añade que sin incremento de la inversión seguirán siendo desmedidas y sin cambio de pliegos los concursos continuarán sin ser el medio idóneo para seleccionar la mejor oferta.
“Es esencial regular bien los requisitos de solvencia y las bajas temerarias y dar más valor a la oferta técnica”, reivindica la asociación.
Cumplir la Directiva
En este sentido, aboga por un cambio de los pliegos para que en la valoración de las ofertas técnica y económica no prime esta última.
También reclama que se deba demostrar la solvencia económica de las empresas y que se establezca una fórmula que regule de forma estricta la temeridad y que se aplique con rigidez.
En cuanto a los cambios normativos que precisa el sector, ASAGUA considera que se ha perdido el último año, que no se ha realizado la transposición de las directivas europeas y, en consecuencia, no se ha cambiado la Ley de Contratos del Sector Público, lo que, agrega, empeora el panorama para el sector.
Por ello, insiste en que se cumpla la Directiva Marco del Agua, en que se desarrolle la colaboración público-privada con garantías de seguridad jurídica y en que se establezca la figura del regulador único para una eficiente regulación del ciclo urbano del agua.
