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23 marzo 2017.- España necesita invertir 5.000 millones de euros en depuración y saneamiento de aguas si quiere evitar próximas sanciones de Bruselas, según un informe presentado hoy por el Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX).
Esta asociación, que integra a las 11 principales ingenierías españolas, señala en su documento la necesidad de ejecutar unas 200 actuaciones en poblaciones de la mayoría de Comunidades Autónomas, donde hoy por hoy no se cumple la Directiva Europea.
Andalucía (con un total de 41 actuaciones), seguida de Madrid (34), Castilla-La Mancha (29) Castilla y León (24) y Extremadura (22) son las que acumulan mayor número de expedientes.
A esta inversión hay que sumar las destinadas a modernizar y renovar depuradoras y redes de saneamiento de aguas ya existentes, como sucede en Madrid, “que acaba de convocar el concurso para poner al día un sistema que data de los años 70” y, por tanto, “no cumple” con los estándares de calidad de la UE.
En la actualidad, España ocupa el puesto número 26 de entre los 28 miembros de la Unión Europea en cuanto a inversión pública en depuración y saneamiento de las aguas: cada ciudadano invierte una media anual de 6 euros en este concepto, un gasto que “debería duplicarse para afrontar los desequilibrios” y cumplir con la normativa comunitaria.
De acuerdo con los datos de FIDEX, la inversión en el sector del agua asciende a 21.000 millones de euros para el período entre 2016 y 2021, contando los presupuestos de objetivos ambientales, satisfacción de demandas hidráulicas, mitigación de fenómenos extremos, conocimiento y gobernanza y otras inversiones.
Plan Hidrológico Nacional
La gestión del agua es “otra cuenta pendiente” con el horizonte puesto en 2027, ya que la directiva marco de Bruselas señala que para entonces España debe haber corregido los desequilibrios hídricos.
Posibles soluciones pasan por terminar con la sobreexplotación de acuíferos sin necesidad de recurrir directamente a la construcción de grandes infraestructuras como presas o trasvases, un punto en el que España “tiende a ser excesivamente conservadora”, así como la puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional (PHN).
Aunque los planes de cuencas “están prácticamente aprobados en su totalidad”, la opción del PHN requiere de un consenso sobre todo con las Comunidades Autónomas que “en los últimos años y amparadas por los Estatutos de Autonomía, se han erigido en ‘propietarias’ del agua que transcurre por sus territorios”.
En cuanto al uso de agua para regadío en un país europeo con tan importante sector primario, detalla exigencias de mejora en la eficiencia del uso del agua, rentabilización del sector agrícola, creación de empleo en el medio rural y aumento de calidad de vida del agricultor.
Para la conservación y mejora de los ecosistemas acuáticos, se recomienda rehabilitar zonas húmedas, controlar y mitigar especies invasoras, mejorar y proteger el litoral, evitar la degradación del medio biótico y potenciar la gestión de la Red Natura 2000.
Igualmente, es preciso dar vía libre a nuevos planes especiales tanto de sequía como de inundaciones, ya que “los supuestos que contemplan están desfasados”.
Precio del agua
Todo esto puede terminar afectando al precio del agua: a pesar de ser uno de los países con menos recursos hídricos de la UE, España cuenta con una de las facturas más baratas, con un precio medio de 1,57 euros por metro cúbico.
De todas formas, las ingenierías “no reclaman grandes obras” sino estudios “con mayor nivel de detalle y visión 360º que incluyan variables como urbanización, impacto social o medioambiente, puesto que “la idea es anticiparse, prevenir”.
