Life+ Celsius Proyecto Life+ Celsius de la UE impulsado por Acciona y @EFEverde de la Agencia EFE
Related Articles
11 enero 2016.-
En España la necesidad de elaborar una política hidráulica se remonta al siglo XIX. Desde entonces, la importancia de gestionar un bien indispensable y escaso ha sido una constante en todos los gobiernos.
Los planes hidrológicos
El último Plan Hidrológico Nacional (PHN) entró en vigor el 21 de julio de 2001. Fue aprobado en el Gobierno de José María Aznar (PP) y se paralizó en 2004, tras producirse el relevo socialista en el Gobierno a raíz de las elecciones de marzo de ese año.
En 1993, el Gobierno socialista de Felipe González presentó su Plan Hidrológico Nacional, que se aprobó en Consejo de Ministros, pero no pasó del Consejo Nacional del Agua, CNA.
Los anteriores planes hidrológicos datan de 1902, 1933 y 1939. El primero se atribuye a Rafael Gasset, el segundo a Manuel Lorenzo Pardo y el Plan General de Obras Hidráulicas de 1939 a Peña Boeuf.
Una distribución irregular
La distribución del agua en la península es irregular. El agua de lluvia no llega en igual medida a la España húmeda, con una precipitación media de entre 1.379 y 2.000 mm., y la España seca, cuyas precipitaciones anuales son inferiores a los 600 mm. El contraste es semejante en las aguas de superficie en las diferentes cuencas fluviales.
En España, el país más árido de la UE, el agua no sólo está mal repartida, sino que además se desperdicia.
Sólo la agricultura consume el 80% del agua dulce del país. El abastecimiento a núcleos urbanos se lleva un 14% y la industria el 6%.
Política del agua
La política del en España ha estado dirigida al aumento del recurso, sobre todo por el incremento de la demanda, que ha pasado de los 30 l/habitante y día hace cien años a los cerca de 200 litros en la actualidad.
Por ello, el PHN de 2001 se concibió como un instrumento para establecer un mapa del agua en España.
Para su elaboración se tuvo en cuenta la Ley del Agua de 1985 reformada en 1999, refundida en 2001 y adaptada posteriormente a la normativa comunitaria y los Planes Hidrológicos de Cuenca de 1998.
Desde el primer momento, el PHN desató una gran polémica, especialmente por lo que resultó la medida más impopular: el trasvase de 1.050 hm3 de agua anuales del Ebro a las cuencas de Cataluña (190hm), Júcar (315hm), Segura (450hm) y Sur (95hm).
En la defensa de este proyecto, el Gobierno popular se enfrentó a partidos políticos, grupos ecologistas y comunidades autónomas.
La Comunidad de Aragón fue la más combativa, escenario de manifestaciones multitudinarias, junto a Madrid, Cataluña e incluso Bruselas, donde también se trasladaron las quejas en contra del PHN del Gobierno de España.
No obstante, el Plan Hidrológico Nacional fue aprobado en el Congreso y Senado con los votos favorables de populares (PP), catalanes (CiU) y canarios (CC) y tras rechazar la alternativa al proyecto del Gobierno presentada por el PSOE en 2001 y las cerca de mil enmiendas y cuatro vetos de los grupos de oposición en ambas cámaras.
El 26 de julio de 2001 entró en vigor la Ley de Plan Hidrológico Nacional y en marzo de 2004 la Comisión Europea emitía informes desfavorables a la financiación comunitaria solicitada por España (1.262 millones de euros).
Sin embargo, y aunque se creó la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Trasvase (ITSA) y el presidente José María Aznar inauguró las primeras obras en noviembre de 2002 y junio de 2004, lo referente al trasvase del Ebro quedó derogado por el Real Decreto Ley de 18 de junio de 2004, después de que el PSOE ganara las elecciones generales el 14 de marzo anterior.
Con el decreto de junio de 2004 se cumplía una promesa electoral y recogía las medidas y actuaciones previstas en el denominado Programa Agua (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) ya presentado por el PSOE como alternativa al PHN.
Programa Agua
El decreto de junio de 2004, aprobado en el Congreso el 21 de abril de 2005, incluyó la derogación del trasvase del Ebro, una amplia revisión de la Ley de Aguas y las obras hidráulicas incluidas en el Programa Agua.
De implantación modular y de aplicación en todo el territorio nacional, el Programa Agua contenía un paquete de medidas urgentes para aportar 1.058 hm3 anuales a las cuencas mediterráneas y proponía la construcción de una veintena de desaladoras para obtener 621 hm3 de los 1.058 previstos.
En España, la desalación, consistente en retirar la sal del agua marina para convertirla en agua disponible para el consumo humano y productivo, se practica desde los años sesenta y en la actualidad, nuestro país, el más árido de la UE, es el quinto del mundo con mayor número de desaladoras.
